12 Abril 2011
El movimiento zapatista que surgiera en Chiapas hace casi dos décadas, vino a convertirse en un revulsivo de la conciencia nacional sobre la realidad de las comunidades indígenas en nuestro país. Sirvió para recordarnos a todos los mexicanos la deuda histórica que tenemos con los primeros pobladores de estas tierras y vino a obviar el rezago social que guardan quienes aportaron las bases de nuestra identidad nacional.
Como fruto de ese movimiento nace la reforma al artículo 2 de la Constitución Federal, la cual genera las bases de la actual política indigenista en México, reforma que tuve el honor de votar a favor como diputado federal en la 57 Legislatura.
En León, no tenemos un asentamiento físico de carácter histórico de algún pueblo indígena, ya que en tiempos de la fundación de nuestra ciudad las únicas etnias presentes eran chichimecas y como tal, eran nómadas. Luego vendrían a trabajar a la entonces Villa representantes de diversas etnias –agrupados básicamente en los pueblos de San Miguel y el Coecillo-, cuyos descendientes actuales hace muchas décadas que forman parte del mestizaje.
Sin embargo, desde hace cuatro décadas hemos recibido inmigrantes de cinco etnias que han establecido comunidades de forma permanente en estas tierras.
Es importante conocer a detalle este fenómeno de migración, similar al que se presenta en las ciudades mas pobladas del país, incluyendo a León, claro. Esto queda reflejado en los resultados de los censos del INEGI: en 1970 teníamos una población indígena de 209 personas, y para 1980 se tuvo un incremento significativo al llegar a 1,354; en el censo de 1990 sumaban 1,735 indígenas en el municipio. Para el censo del 2000 se tiene otro incremento sustancial al contar con 2,425, y en este último censo del 2010 tenemos una población de 3,191 indígenas en León.
Es realmente en las tres ultimas décadas -paralelo al crecimiento de la ciudad después del temblor de 1985-, que aparece la población indígena de forma específica en la mancha urbana leonesa, predominando los representantes de las culturas otomí, náhuatl, purépecha y mixteca.
Por esa inmigración es que actualmente volvemos a tener presencia de comunidades indígenas, desarraigados de su elemento básico de unidad y de fortaleza cultural: su tierra. Una comunidad indígena desarraigada y urbanizada.
Hablar de la tierra entre comunidades indígenas es punto y aparte. Lo constaté en carne propia como Subsecretario de la Reforma Agraria, donde pude vivir experiencias en todo el país, con decenas de etnias diferentes desde el río Bravo hasta la Selva Lacandona. Eran evidentes las muchas diferencias entre las culturas indígenas, desde la vestimenta y la lengua hasta su forma de organización interna; pero en todos los casos, sin excepción, me sorprendía cómo el común denominador es su apego a la tierra, su cosmovisión centrada en la tierra, vista siempre como una auténtica madre, la esencia de su existencia.
En más de una ocasión, al negociar sobre la titulación de sus tierras comunales, por igual manifestaban con claridad que no les importaban los papeles, pues al morir, dijera lo que dijera el papel ellos iban a seguir en su tierra, aunque salieran de ella, porque su alma volvería a la tierra del barro con que se formó su cuerpo y la de sus ancestros. Al final -corporal o espiritualmente- siempre estarán habitando su tierra.
Si materialmente están ahora lejos de su tierra, lo que debemos buscar es apoyarles en preservar su lengua y su cultura, a la vez que promovamos sus artesanías (representación puntual de su identidad) y establezcamos las políticas necesarias para dignificar su calidad de vida como grupo minoritario vulnerable.
Precisamente, respetando sus costumbres, el objetivo será diseñar tales políticas públicas de manera conjunta con ellos y no interpretando unilateralmente desde la autoridad lo que ellos ocupan. En eso estriba la importancia de la conformación del primer Consejo Consultivo para las comunidades indígenas en el Municipio de León, para que a la par de la muy recientemente aprobada Ley para la protección de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado de Guanajuato, podamos encontrar en forma coordinada las políticas y acciones publicas necesarias.
Todo ello cuidando, que si hoy no existen prácticas discriminatorias, tampoco generemos estados de excepción. Se trata de garantizar un trato justo a una minoría (0.22 por ciento de la población) que forma ya parte de nuestra comunidad; sin que dichas políticas y acciones fomenten una inmigración adicional o un desequilibrio entre los grupos sociales que conformamos el municipio, porque al margen del origen, todos somos leoneses y nuestra responsabilidad es pareja con todas y todos.
Ricardo Sheffield, Alcalde de León / Revista 012
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