29 Agosto 2011
Nadie los ve, o nadie los quiere ver, pero están ahí: son los indígenas que llegaron desde hace 30 años a la ciudad de León y que se quedaron aquí para ganarse la vida.
Giovanna Bataglia Velázquez, directora del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, afirma que los indígenas migrantes, asentados en la ciudad zapatera, forman “una población invisible para muchos, pero histórica”.
Y es que “hay datos de hace más de 30 años, cuando empezó a haber fuertes flujos migratorios a la ciudad, que se vieron aumentados a partir de la reforma al artículo 127 constitucional”.
Sin embargo, agrega que su condición de invisibilidad se debe a la “falta de políticas públicas que ha invisibilizado a estos pueblos indígenas que salen expulsados de sus comunidades de origen” por la falta de oportunidades.
Para ilustrarlo, señala que INEGI sólo censa como indígenas a los hablantes de una lengua indígena.
“Pero cuando un indígena migrante sale de su comunidad de origen desde hace 30 años, con el prejuicio social de que ser indígena es un signo de subdesarrollo, llega a una ciudad y no es acogido, eso hace que niegue su condición étnica al ser censado”, declara la activista.
Este fenómeno, refiere, se refleja en una disminución en el censo 2010 de la población indígena migrante en la ciudad de León, con sólo 3 mil 720 individuos reconocidos por su condición étnica.
Pero, invisibles y todo, asegura que los indígenas urbanos “sufren formas de violencia sistemática, estructurales, históricas, de discriminación y marginación”.
Sostiene que “en el ejercicio de derechos y de acceso a oportunidades para el desarrollo de vida satisfactoria y digna, existe todavía una gran desigualdad que se deriva de un modelo de desarrollo que ha generado despojo del campo, acumulación en unos cuantos y el empobrecimiento masivo de la población”.
En León, señala que la discriminación de los indígenas se ha vivido con operativos como el Crucero Seguro, implementado bajo los argumentos de que los vendedores de cruceros, muchos de ellos indígenas, no contaban con permiso para el comercio, y que, además, en los cruceros había informantes del crimen organizado.
“Este operativo generó violencia en contra de indígenas vendedores ambulantes: además de sufrir multas y decomiso de sus mercancías, fueron objeto de insultos, actos discriminatorios o de violencia física”. El resultado, cinco quejas y una recomendación.
Ante esta realidad, menciona la creación, el primero de enero, del Consejo Consultivo Indígena Municipal, integrado por autoridades, sociedad civil y representantes de las culturas mazahua, náhuatl, otomí, mixteca y purépecha.
Sin embargo, considera que el reto de este consejo consultivo es que “sea un espacio de construcción, diseño y vigilancia de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas con una perspectiva intercultural y con respeto a sus derechos individuales y colectivos”.
Y su riesgo, “convertirlo en un espacio clientelar y de ejecución de programas que generen dependencia y no empoderamiento”.
También refiere que otro escollo está dentro de la Ley de Protección a los Pueblos y Comunidades Indígenas en Guanajuato, impulsada por los pueblos indígenas originarios del estado, chichimecas y otomíes, y aprobada el 15 de marzo por el Congreso del Estado.
El problema, dice, es que la ley prevé los derechos de los pueblos indígenas en su comunidad y contexto rural, pero no fuera de él.
Y sin embargo, el respeto a los derechos indígenas ya “no es sólo un tema del medio rural. Antes de los grandes flujos migratorios a las ciudades, sí; pero ahora es una problemática que se agrava en los centros urbanos por no estar considerados como sujetos de derechos”, explica Giovanna Bataglia.
Esta ley, concluye, deja a un lado la ciudadanía urbana de los indígenas y contribuye, así, a su invisibilización.
Valentín López / Zona Franca
http://www.zonafranca.mx/son-invisibles-indigenas-en-leon/