14 Septiembre 2010
La administración pública tiene una especie de obsesión por engrosar cada vez más su tamaño sin ningún tipo de control. Cuando les sobrevienen problemas de cualquier índole o fuertes demandas sociales, una de las soluciones a las que recurren para apaciguar al común de los mortales es crear un observatorio, que en la mayoría de las ocasiones se dedica a labores de investigación.
Esta es una “nueva fórmula” que han encontrado nuestros gobernantes para redimensionar sus tareas de gobierno por un lado, y por otro, “vender” la idea de transparentar el ejercicio público de gobierno, con un “club” de personas afines la mayoría de ellos y que tienen como finalidad, validar lo que hace el titular del gobierno en turno.
Los observatorios ciudadanos son entes concebidos en los gobiernos democráticos de los regímenes del primer mundo, sobre todo, los europeos y han sido Francia y España quienes más los han implantado con el propósito de transparentar el ejercicio de gobierno y legitimar sus acciones ante los gobernados.
Nosotros en México y concretamente en nuestra ciudad, los hemos copiado y sobre todo, “tropicalizar” el concepto, para vender la idea de que todo lo que se hace, es con la venia o autorización del ciudadano que forma parte de dicho observatorio y así, legitima las acciones del gobierno en turno, generando un trasvase social, con dicho aval.
Por ejemplo, el caso español es de llamar la atención y no precisamente porque sea bueno o positivo, pero quiero compartirlo para que no se copie o caiga en el exceso ibérico, ya que no es nada positivo ni sano, para las administraciones públicas correspondientes. Y con eso que todo copiamos.
En España, entre las administraciones central y autonómica hay más de 250, que suponen un fuerte desembolso para las arcas públicas. No en forma de salarios, ya que los integrantes no suelen percibir retribución alguna -a veces, sí cobran dietas-, sino en subvenciones o financiamiento para la elaboración de proyectos. Estos trabajos no siempre tienen una repercusión efectiva y práctica en la sociedad.
Muchos de esos trabajos de investigación, si no es que el 99.9 % quedan archivados en las justificaciones administrativas y contables del gobierno para que la contraloría satisfaga la normatividad y listo. No sirven para nada. Y sin embargo, el dinero que se utilizó para tal fin, proviene del gasto público gubernamental y es una forma indirecta de malgastar el recurso, beneficiando a los “ilustres” miembros del observatorio ciudadano.
Estos organismos contemplan temáticas muy diversas (empleo, medio ambiente, transporte, seguridad, etc), con el paso del tiempo quedan vacíos de contenido y no son convocados por la misma autoridad que los vio nacer y que incluso, se encargó de generar toda una pomposa fiesta mediática y más gasto público en dar a conocer a la sociedad y a los medios el “nacimiento del nuevo organismo”.
Los observatorios ciudadanos se convierten en ineficaces en su funcionamiento y con tal de llegar a generar algún trabajo para la justificación por la que fueron creados, caen en absurdos como es el caso del observatorio de Andalucía: Observatorio del Flamenco.
Esta comunidad autónoma española (el equivalente a un gobierno estatal) es la comunidad con más observatorios públicos de España. Son más de 25 y algunos de ellos son absolutamente estrambóticos. Quizás el que se lleva la palma es el de Flamenco y su función consiste en la “obtención y análisis sistemático de información y datos objetivos del sector, necesarios para conocer su historia, su estructura, su impacto económico y social y la realidad actual”. En 2009 el observatorio subvencionó o financió 14 proyectos de investigación por un monto de 100.500 euros.
A esto me refiero cuando señalo que espero que nuestros brillantes gobernantes no imiten esta metodología burocrática, ya que, si bien es cierto, generalmente no pagan salarios a los miembros del observatorio ciudadano, sí financian con recursos públicos los proyectos o trabajos de investigación, donde, de esa manera destinarían dineros del erario a cosas que jamás tendrían repercusión o beneficio social. Ojo, hay que estar atentos.
Carlos Díaz Ábrego / Articulista / Periódico El Heraldo
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